Le ha costado un par de años al gobierno de Lenín Moreno acomodar las cifras que recibió su compañero de papeleta electoral. El resultado fiscal del año 2016, íntegramente manejado por el gobierno anterior, reflejaron un déficit superior a USD 6.000 millones, que justo a los tres previos sumaron más de USD 21.000 millones de gastos en exceso a los ingresos de impuestos y petróleo que recibió la economía ecuatoriana y que debió financiarse con endeudamiento por similar monto. En sus primeros 7 meses de gestión que arrancaron en mayo 24 de 2017, Moreno tuvo que observar una cifra de déficit fiscal de similar monto al promedio reciente y es recién en 2018 que logra reducir drásticamente el gasto y “tumbar” el déficit a menos de USD 3.000 millones de dólares.
Con el Fondo Monetario Internacional se acordó un programa que brindaría más de USD 10.000 millones de financiamiento en tres años con la participación de varios Multilaterales. El programa contaba con metas de ajuste que se tuvieron que ir “suavizando” por la dificultad de lograrlas. En 2019 el déficit vuelve a crecer, esta vez a USD 4.505 millones, pero se puede atribuir casi íntegramente al registro (ordenado por la Corte Constitucional) de la transferencia al IESS por el 40% de las jubilaciones que los asume el Estado. En 2015 la “mejora” ocurrió porque el gobierno dejó de hacer la transferencia.
Para el 2020 la expectativa es que la cifra fiscal se ubique por debajo de USD 3.400 millones. Una tarea compleja. Es muy probable que pueda ubicarse cerca de USD 4.000 millones que representa una caída con relación al resultado fiscal del 2019. Un ajuste incompleto, pero al menos se ven dos señales de que la está peleando a pesar de ser un gobierno muy débil políticamente: Ha agotado el recorte del Gasto en Obra Pública (no hay espacio de achicar aún más el gasto de capital e inversión). Ha iniciado el recorte de Gasto Corriente.
La tarea de quitarle peso a los intereses de deuda está intacta. La ruta adecuada es reducir el déficit fiscal, tomar deuda más barata, “reperfilar” las renovaciones de deuda y “quitarle” esa “garantía” petrolera que tienen los USD 6.000 millones que se le adeuda a China. El alcance del ajuste va más allá del Presupuesto General del Estado achicarse y corregirse el desmedido gasto del IESS y otras instituciones del Sector Público (Financiero y no Financiero).
Para asegurar la sostenibilidad de las Finanzas Públicas es necesario mejorar la recaudación tributaria y ser más eficiente en el recorte del gasto corriente para que no vuelva a ocurrir el financiamiento de gasto corriente (nómina, intereses y otros) con Ingresos no permanentes (petróleo o deuda). La tarea de entregar una economía manejable no es fácil. El gobierno actual intenta hacerlo con un elevado costo político al tener que gastar hasta donde la “sábana” permita y con recortes constantes. Esperemos que el sacrificio valga la pena.